En 1984, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaron una querella por supuesto desvío de fondos contra varios directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba Jordi Pujol. En concreto, se les acusaba de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la caja B, para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida...